El Gobierno catalán ha modificado el decreto, aprobado en marzo, que establece una garantía de seis meses a los propietarios de una vivienda ante situaciones de impago del alquiler, y ha eliminado la obligatoriedad de contratar un seguro para dar cobertura a las compensaciones previstas. Ahora, dada la crisis económica y la desaceleración del mercado inmobiliario, el Govern ha decidido estimular el alquiler con una actuación más directa.

Por ello, y sin perjuicio de la futura contratación de un seguro, la Generalitat ha anunciado que se hará cargo inicialmente del coste del alquiler durante un máximo de seis meses, siempre que el propietario demuestre el desahucio por impago. El alquiler mensual de cómputo será el depositado como fianza obligatoria.

Una vez obtenida la sentencia y presentada la documentación al Institut Català del Sòl (Incasòl), el arrendador recibirá, en un máximo de dos meses, las mensualidades no cobradas desde el inicio de la actuación judicial, según ha aprobado el Govern en la reunión del Consell Executiu.

Requisitos y excepción del aval
A.- La renta mensual no deberá superar los 1.500 euros en la ciudad de Barcelona. En el resto de municipios, la cuantía máxima del alquiler será de entre 1.200 y 600 euros, según la zona.

B.- El propietario no deberá haber exigido una fianza superior a dos meses de alquiler ni ninguna otra garantía adicional a la firma del contrato.

C.- El propietario tendrá que haber depositado en el Incasòl el contrato íntegro de alquiler, la fianza y un documento de compromisos sobre este aval.

Para evitar posibles abusos o fraudes, el Govern no pagará el alquiler cuando en un plazo de tres años se hayan dictado tres sentencias de desahucio por impago en la misma vivienda, o si en dos años se ha dictado más de una sentencia de desahucio por impago que condene al mismo inquilino. Tampoco garantiza el aval si el Incasòl comprueba que el propietario ha dificultado el pago del alquiler.

En cuanto a los alquileres obtenidos a través de las bolsas de mediación, el decreto sólo será operativo cuando hayan vencido las garantías de las bolsas, que ya ofrecen un seguro los primeros dos años por impagos y desperfectos.

En Cataluña, unas 350.000 familias viven de alquiler. El año pasado se realizaron cerca de 60.000 contratos de arrendamiento y hubo unos 6.500 procesos judiciales relacionados con el impago.

LA FAMILIA REAL PASA SUS VACACIONES DESDE HACE AÑOS EN MARIVENT, EN MALLORCA.

PALMA DE MALLORCA.- Tener de vecino al Rey tiene su precio. Con la llegada de la Familia Real a Mallorca, los alquileres en Marivent, zona de la residencia estival de los monarcas, se duplican. Mientras en diciembre arrendar un piso en esa misma demarcación de la isla cuesta unos 650 euros, en esta época el precio se dispara hasta los 1.300 euros. Un incremento que se debe también a la alta demanda que originan las Fuerzas de Seguridad del Estado que se desplazan desde la Península para proteger al Rey.

Desde hace más de 20 años, la Familia Real elige Mallorca como destino para sus vacaciones. Una estancia que se prolonga desde finales de julio hasta los últimos días del presente mes. El entorno del Palacio de Marivent, a menos de cinco minutos del Paseo Marítimo de Palma de Mallorca, registra un gran movimiento durante esos días y, viendo las cifras de la subida del alquiler, son muchos los que hacen su particular agosto inmobiliario.

Los precios de compra de la vivienda han hecho un alto en su escalada. Según los últimos datos recogidos por el Ministerio de Vivienda, el coste de los pisos ha aumentado por debajo del nivel de vida. Hace tan sólo un par de años, la situación era radicalmente distinta: la revalorización de las casas se encontraba seis puntos por encima del IPC.

La venta de hogares encabeza la carrera de los precios inmobiliarios desde hace 10 años, pero el alquiler tampoco se ha quedado atrás. Las últimas cifras recogidas en 2006 señalaban la Comunidad de Madrid como la región donde los arrendadores ingresaban más por metro cuadrado: 8,11 euros, muy por encima de la media española, situada en 5,36 euros. Sin embargo, estos datos han quedado muy atrás: en junio de este año, los alquileres se incrementaron un 4,3% respecto al mismo mes de 2007.

Tal y como está el panorama, SU VIVIENDA ha decidido salir a la calle para preguntar a los ciudadanos cuál es su punto de vista: ¿qué es mejor ahora mismo, comprar o alquilar una vivienda? Desde la benjamina, de 20 años, hasta el mayor, de 69, todos los encuestados se han mantenido fieles a lo que se considera una tradición española: «alquilar es tirar el dinero». Sin embargo, y a pesar de esta mentalidad fuertemente arraigada, los más jóvenes han empezado a hacerse a la idea de que para poder independizarse no les queda más remedio que ser inquilinos antes que propietarios.

Por eso mismo, el Gobierno está desarrollando medidas que animen a los hijos a salir del nido paterno con ayudas como la Renta Básica de Emancipación. Por su parte, la Comunidad de Madrid ha lanzado el Plan Alquila, que ofrece rentas asequibles a los arrendatarios y seguridad de cobro a los caseros.

De todos modos, estos reclamos no han surtido efecto entre los encuestados, que en su mayoría ven la actual coyuntura como una oportunidad de comprar barato. Los que quieren invertir en ladrillo han puesto sus esperanzas en los próximos meses. Casi todos tienen «conocidos» que les han asegurado que los mejores negocios están por venir.

Para los universitarios que buscan piso, septiembre puede hacérseles cuesta arriba, y no sólo por los resultados de sus exámenes de recuperación. Los estudiantes que se lancen a la ‘caza y captura’ de alojamiento durante este mes comprobarán que los arrendadores han aprovechado el descanso vacacional para subir el precio de los alquileres en porcentajes bastante más elevados que los del IPC.

Por poner un ejemplo: el curso anterior, un piso de tres habitaciones con baño, cocina, salón y terraza se arrendaba por 1.350 euros en junio. La vivienda no debió de pasar por la ‘operación bikini’ y en septiembre había ‘engordado’ un 11% hasta los 1.500, en vez del 3% que le ‘correspondía’ en concepto de aumento del nivel de vida.

Este ’sobrepeso’ lo experimentan la mayoría de los alquileres que pagan los estudiantes, pero los que se permiten mayores excesos se agrupan en un lugar muy concreto: la Ciudad Universitaria. Miguel Ángel Sebastián, de Alfa Inmobiliaria, sabe bien que en esa zona ‘reinan’ los propietarios: «Donde yo trabajo, cerca del Metro de Guzmán el Bueno, los caseros tienen ‘la sartén por el mango’».

La Universidad Complutense de Madrid es la que mayor número de alumnos concentra y ofrece cada año una suculenta ‘hornada’ de jóvenes ávidos por encontrar casa cerca de su facultad. «Los propietarios dan una patada y salen mil estudiantes, así que saben que pueden poner condiciones», comenta Sebastián.

En otros centros de estudios más pequeños, los caseros tienen que sudar un poco más para conseguir inquilinos. Por el campus de Getafe de la Carlos III puede verse a alguna propietaria que prefiere el trato personal a pegar anuncios en tablones y aborda a grupos de veinteañeros buscando su arrendatario ideal.

La ley de la oferta y la demanda no es la única causa del alza de precios en septiembre. La mayoría de profesionales del sector coinciden en que los estudiantes no suelen aguantar más de un año en el mismo piso. «El volumen de pisos en alquiler en verano se duplica. Es decir, si durante el año tengo 15 anuncios mensuales de pisos, en verano son 30 o más», comenta David Torralba, del portal de internet ‘pisos-estudiantes.com.’

Puede que los universitarios no sean ‘fieles’ a sus hogares temporales, pero mientras están en ellos, los ‘miman’: «Cuidan el piso mucho mejor que las familias, porque no necesitan tantas cosas, ni tienen niños pequeños», asegura Diego Poole, responsable de ‘aluni.net’, espantando el tópico de universitarios que destrozan casas a base de fiestas salvajes y poca limpieza.

Aunque siempre hay algún ‘garbanzo negro’, como unos jóvenes que decidieron ahorrar tiempo metiendo platos y vasos junto con la ropa al poner la lavadora. Afortunadamente, comenta Poole, no hubo que lamentar daños.

Además de arrendatarios responsables (experimentos disparatados al margen) los estudiantes tienen otra virtud muy valorada por los propietarios: pagan, y lo hacen puntualmente. Todos los profesionales del sector han coincidido en señalar a los universitarios como «los mejores pagadores». Sobre todo porque el alquiler suele salir del bolsillo de los padres o del Estado, gracias a alguna beca de movilidad.

Los caseros, en definitiva, parecen encontrar buenos motivos para alojar a estudiantes, ya sea por obtener mayores ingresos, mantener en buen estado su piso o por vivir experiencias tan divertidas como tener inquilinos cubanos que en su primer día llenan la nevera de pollos, «por si al día siguiente no hay en la tienda».

Sergio (54) y David (28) son padre e hijo. A los lazos de sangre que les unen, ambos han decidido añadir la firma de un pacto que sella otro vínculo inquebrantable durante, al menos, los próximos 30 años: han firmado una hipoteca compartida por valor de 127.000 euros.

La fórmula, considerada hasta ahora como una «alternativa residual» por parte los responsables de su debut en España, los técnicos financieros del BBK, «completa la abundante oferta de soluciones crediticias» existentes en nuestro país. Aunque desde el banco prefieren no aportar datos concretos sobre su implantación, afirman que, tal y como está el panorama de los préstamos, «quizá su popularidad aumente a partir de este momento». «Es demandada por un número reducido de personas de momento, pero cumple con nuestras expectativas», explican.

Hay clientes para quienes la hipoteca compartida es la solución que mejor se adapta a sus necesidades: «Si no lo hago así, no tendría una casa ni de ‘coña’. Ningún banco me prestaba dinero a mí solo con un sueldo de menos de 1.000 euros y un contrato temporal», explica David.

Desde el momento mismo de su contratación, las diferencias son notables. El producto del BBK, en el mercado desde 2006, permite que cada titular, en un número ilimitado, decida por separado las condiciones que se aplicarán a su parte del crédito. «Tenemos clientes que, para una misma hipoteca, tienen distinto plazo de amortización y, por consiguiente, diferente cuota mensual. De esta manera se consigue adaptar el compromiso a las posibilidades reales de cada uno, que pueden ser diferentes», destacan fuentes del banco.

Eso sí, la vivienda en cuestión responde como garantía de las deudas de todos ellos, de forma que el impago por parte de uno de los acreedores puede suponer, en el peor de los casos, la pérdida del inmueble.

A Sergio y David esta circunstancia no les preocupa. Padre e hijo tenían planes para comprar un hogar y ambos encontraron dificultades para hacerlo. «Nos decían que era mucho dinero para nuestro sueldo. Lo estuvimos hablando y decidimos adquirir juntos una casa de dos alturas en el barrio de San Juan, en Las Palmas de Gran Canaria. En una planta vivo yo y en la otra mi padre», refiere David, para quien todo han sido facilidades. «Menos gastos de tramitación, una cuota asequible. Ninguno de mis amigos ha podido comprar hasta el momento, yo soy el primero».

El caso de esta ‘pareja’ canaria no es el más habitual. «Esta modalidad hipotecaria va dirigida, principalmente, a trabajadores jóvenes desplazados de su residencia habitual de forma permanente o por un tiempo prolongado, a inmigrantes y al colectivo de las personas separadas o divorciadas que abren una nueva etapa en sus vidas con otra pareja pero prefieren ‘independizar’ sus deudas», explican en el BBK.

Para evitar que la aventura se vea condenada al fracaso a causa de discusiones o dificultades de pago por parte de uno de los miembros del acuerdo, en el momento de concretar la concesión del crédito los responsable bancarios asesoran a los clientes sobre la conveniencia de firmar contratos privados que sirvan para mediar en el caso de que surjan los desencuentros. «Se trata de anticiparnos a los problemas previendo, por ejemplo, cómo se actuará en el caso de que una de las partes renuncie al piso y quiera venderlo. Para esta situación se suele pactar que la otra persona o personas implicadas tengan un derecho preferente de compra sobre el inmueble», apuntan en la entidad vasca.

¿Compañeros de piso? No, copropietarios. Uno de los efectos de la situación actual del sector es haber creado extraños compañeros. de casa.

Fuente: el mundo.es

El accidente de un avión en el aeropuerto de Madrid Barajas ha causado al menos 148 muertos. En el aparato viajaban 164 pasajeros, dos de ellos bebés, y 9 tripulantes. Hasta el momento se han rescatado 80 cadáveres, según fuentes de la Delegación del Gobierno en Madrid.

Aunque muchas fuentes hablan de 26 heridos rescatados y traslados a hospitales de la Comunidad de Madrid, siete de ellos en estado crítico, un miembro de los servicios de emergencia que habló con 20minutos.es cifró los supervivientes en 25. Los cadáveres serán trasladados al IFEMA, donde informará en directo una periodista de 20minutos.es.

Un miembro de los servicios de emergencia ha relatado a 20minutos.es cómo es el escenario de la catástrofe. “El avión ha caído en un pequeño valle arbolado por donde corre un riachuelo. Está completamente calcinado y el fuselaje desecho. En un radio de unos 500 metros cuadrados había cadáveres carbonizados o con traumatismos incompatibles con la vida”.Se trataría, según las primeras informaciones facilitadas por fuentes de la Policía Nacional consultadas por 20minutos.es, de un vuelo de Spanair con destino a Las Palmas de Gran Canaria, el AJK-5022, que ha comenzado a arder cuando estaba despegando. La tragedia, además, tiene lugar en plena crisis de la compañía aérea.

El avión, un MD-82, ha sufrido una salida de pista cerca de las 14.45 en la pista 36, cuando se disponía a despegar en un segundo intento tras tener problemas en el primero. El siniestro se ha producido después de que la aeronave alcanzase la velocidad V3 o punto de no retorno. Entonces, se ha incendiado uno de los motores y el avión se ha salido de la pista y ha chocado contra el suelo, provocando un fuego. Se trata del accidente más grave ocurrido en Barajas en 25 años.

Estado de emergencia

Desde AENA han informado de que se ha decretado el estado de emergencia en el aeropuerto de Barajas, donde se ha habilitado una gran nave para atender a los familiares. Hasta allí se ha desplazado un equipo de psicólogos, ya que hay al menos 70 familias que aún no saben nada de sus parientes.

El tráfico aéreo en el aeródromo se encuentra operativo “con regulaciones”, y hay varios vuelos retrasados “sin previsión de hora”. Las pistas de la terminal 4 se encuentran atestada de vehículos con decenas de dotaciones de bomberos, Samur y Policía. El fuego fue apagado por los Bomberos de la Comunidad de Madrid en torno a las 16.30 horas, tras lo cual se procedió a refrescar las zonas aledañas.Tres días de luto

El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, y la delegada de Urbanismo, Pilar Martínez, se encuentran ya en la T-4 del aeropuerto. El Ayuntamiento de Madrid, además, ha declarado tres días de luto oficial tras el siniestro.

A Barajas también se han desplazado el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, el de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y la de Fomento, Magdalena Álvarez, mientras que el presidente Zapatero ha partido hacia Madrid desde su retiro en Doñana. También la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, y el líder del PP. Mariano Rajoy, han suspendido sus vacaciones estivales y han regresado de forma inmediata a Madrid.

La Familia Real, por su parte, se ha declarado “consternada por el suceso” y está siendo puntualmente informada de los acontecimientos.

La caída del sector también ha supuesto la salida de una decena de altos ejecutivos, además de numerosos consejeros que han ‘huido’ de los órganos de administración de las compañías.

Cerca de 3.000 puestos de trabajo y nueve altos ejecutivos. Como si de una catástrofe natural se tratase, éste es el balance de los primeros ocho meses de crisis del sector inmobiliario. Este cómputo, elaborado teniendo en cuenta únicamente los concursos de acreedores y expedientes de regulación de empleo (ERE) de las mayores inmobiliarias españolas, resultaría mucho más abultado si se sumaran las numerosas pymes que han cerrado.

La caída de Martinsa Fadesa, que ha protagonizado la mayor suspensión de pagos española con un pasivo de 5.200 millones de euros, es sólo la última víctima de una crisis inmobiliaria de notables dimensiones. A la sobreoferta acumulada en la calle, se ha unido la falta de crédito en el mercado financiero. Los procesos concursales, reestructuraciones de negocio o refinanciaciones han venido acompañadas, en muchos casos, de ERE que en los últimos meses han afectado a los trabajadores. De hecho, el paro en el sector inmobiliario y de la construcción ha subido un 28,8% en el segundo trimestre del año.

Entre las primeras empresas en poner en marcha una reducción de trabajadores, se encuentra la inmobiliaria valenciana Llanera que, a finales de 2007, anunció un recorte de plantilla del 72%. Fue el 8 de noviembre del pasado año, cuando Llanera presentó tres ERE independientes para tres de las seis sociedades del grupo, en ese momento ya en pleno proceso concursal. En total, 236 trabajadores se vieron afectados por la reducción de plantilla del grupo, que contaba con 763 empleados.

Otro de los mayores ERE de este año ha estado protagonizado por Habitat. La compañía liderada por Bruno Figueras no ha llegado a verse obligada a presentar concurso de acreedores, pero una de las condiciones que impuso la banca para renegociar su deuda de 1.586 millones fue eliminar costes estructurales. La empresa catalana despidió al 50% de su plantilla.
En el mismo caso, se encontró la cotizada Aisa. La empresa continúa renegociando una deuda de 210 millones de euros. A cambio, la inmobiliaría ha anunciado que prescindirá de una parte de sus 130 empleados.

A los ERE presentados por Llanera y Habitat, hay que sumar los concursos de acreedores de grupos como el andaluz Jale (una de cuyas filiales está en situación concursal) y el catalán Sánchez. Detinsa abordó su situación financiera con una profunda reforma del plan de negocio, que le ha permitido evitar el concurso. La promotora renegoció sus préstamos y planteó un ERE para 154 personas.

Afectados derivados
La caída del sector inmobiliario también ha afectado a las empresas dedicadas a la intermediación. Sin embargo, tal y como explican desde Comfia (CCOO), “la mayoría de empresas ha optado por adelgazar su plantilla de forma importante con bajas incentivadas, de modo que los ERE no han sido abundantes”. Un ejemplo de este fenómeno es Fincas Corral (adquirida hace diez días por el inversor José Xicola), que no ha presentado expediente para reducir su plantilla, pero ha pasado de mil a 385 empleados en la actualidad.

Las redes de intermediación Expofincas y Don Piso son dos excepciones. La segunda, propiedad de la inmobiliaria Habitat, anunció un ERE el pasado julio, reduciendo su plantilla de 380 empleados a 32. Las condiciones aprobadas incluían la retribución de 37 días por año trabajado, con un límite de 18 mensualidades.

Expofincas, en cambio, presentó concurso de acreedores de su matriz el pasado marzo, con deudas de 23 millones de euros. Según fuentes de la empresa, en el primer trimestre del año, la plantilla estaba formada por 500 personas.

Otros sectores relacionados con el inmobiliario también han protagonizado recortes. Éste es el caso de varias empresas fabricantes de ladrillos como Ceratres y Tealsa, que presentaron un ERE en junio. Entre las constructoras, destaca Seop, del grupo Silver Eagle, que en junio anunció un ERE que afecta a 306 trabajadores, un 68,6% de los empleados. Esta remodelación suponía la segunda desde que el 17 de marzo la empresa solicitara el concurso voluntario de acreedores, reduciendo la plantilla de 994 a 446 personas. Otra constructora, en este caso de vivienda protegida, Prasi, planteó un ERE para el 100% de su plantilla, imbuida por sus pérdidas, en marzo de 2008.

Los directivos también salen
La crisis inmobiliaria también ha dejado huella en los despachos. Diferentes ejecutivos han decidido abandonar el barco inmobiliario antes del hundimiento. Ejemplo de ello son los casos de Carlos Vela, Mariano Miguel, Anna Birulés y Manuel Balcells, quienes anunciaron su marcha de Martinsa Fadesa,  Colonial, Renta Corporación y Aisa, respectivamente. Otros, como Fernando Cirera, de Habitat, fueron víctimas de malas decisiones empresariales.

La salida de directivos ha ocasionado importantes bajas en el G14, grupo conformado por 13 compañías inmobiliarias. Su presidente, Fernando Martín, presentó la dimisión el 21 de julio, tras iniciar el proceso concursal, tanto para su compañía, como para su persona. En la misma reunión, Mariano Miguel y Anna Birulés hicieron efectivo el abandono de Colonial y Renta Corporación, respectivamente, con su salida de la dirección del G14. El secretario general, Pedro Pérez, es quien actualmente está al frente de la asociación, con un futuro incierto.

Además de directivos, también consejeros han huido del sector. El caso más llamativo es el de Aisa, que ha visto como cinco de sus consejeros salen de su máximo órgano de administración.

El Servicio de Estudios del BBVA prevé que el precio de la vivienda suba el 0,8% en 2008, mientras que para 2009 espera un descenso del 2,1%. La entidad bancaria indica que estas cifras serán consecuencia del ajuste cíclico del sector inmobiliario, que está siendo más profundo de lo esperado debido a la crisis financiera internacional.

El director del Servicio de Estudios del BBVA José Luis Escrivá, ha explicado que los precios sufrirán un ajuste de alrededor del 20% en los próximos cuatro años, aunque las caídas nominales serán “muy pequeñas”, ya que la corrección vendrá dada en buena medida por el aumento de la inflación.

Asimismo, Escrivá señaló que, a diferencia de lo que ha ocurrido en otros países desarrollados, la crisis inmobiliaria española no es consecuencia tanto de la sobrevaloración de los precios como de unos factores financieros (bajos tipos de interés y disponibilidad de crédito) que fueron determinantes en el ‘boom’ de la última década y que ahora son un elemento de “vulnerabilidad”.

En el último número de ‘Situación Inmobiliaria’, el BBVA subraya, no obstante, que la corrección va a continuar siendo más intensa en actividad que en precios, aunque con diferencias por comunidades autónomas. Indica que entre éstas existen importantes divergencias en lo que a oferta se refiere.

Calcula los visados para obra nueva podrían bajar a 270.000 anuales
De esta forma, la entidad calcula que en 2008 los visados para construir viviendas nuevas se situarán entre 336.000 y 456.000, frente a los 688.851 de 2007, mientras que en 2009 se encontrarán entre 270.000 y 385.000.

El análisis internacional muestra que en muchos casos el proceso de corrección está todavía en una etapa temprana, por lo que se espera un ajuste del sector “duradero” que sólo será suavizado con la aceleración de los planes de infraestructuras, si bien su efecto tendrá “una magnitud limitada” y se notará sobre todo en el largo plazo.

La promesa del Gobierno socialista de construir 1,5 millones de VPO tardará en tener efectos en el mercado residencial
En lo que respecta a la construcción de vivienda de protección oficial (VPO), Escrivá considera que la promesa del Gobierno socialista de construir 1,5 millones de VPO en la próxima década no comenzará a tener efectos sobre el mercado residencial hasta dentro de un par de años. Sí se notará en el empleo con una previsión de 100.000 trabajadores dedicados a esta actividad en 2009.

El incremento de la VPO, unido al ajuste de los precios y a la bajada de los tipos de interés, mejorará “levemente” en 2008 y 2009 la accesibilidad a la vivienda, después de haber alcanzado su máximo en 2007. Año éste en el que las familias españolas destinaron a la compra de una vivienda el 37% de su renta bruta anual disponible, una vez descontadas las deducciones fiscales.

Como consecuencia del ajuste del sector, el BBVA espera que el ratio de inversión residencial sobre el PIB disminuya en los próximos 3-4 años desde el 7,5 por ciento actual hasta un nivel “más sostenible” que se situaría en el entorno del 5% apoyado en el crecimiento demográfico.